El pasado 12 de diciembre COGITCV/AGITCV asistimos a la jornada «Los peligros de contratar un profesional no colegiado: de la mala praxis a la falta de cobertura jurídica». Esta jornada, organizada por Unión Profesional de Valencia (UPdV), abordó la problemática de contratar servicios a profesionales no colegiados, así como el intrusismo laboral o la indiferencia de la administración frente a este hecho.
Desde el Colegio Oficial y Asociación Valenciana de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (COGITCV/AGITCV), asistió nuestro secretario, Josep Alvarado.
Un tema importante para colegiados/os y ciudadanos/as
Contratar servicios de personas que no son profesionales colegiados acarrea una serie de peligros que pueden desembocar en un desamparo legal absoluto, en el incumplimiento de la normativa o legislación aplicable, en una indefensión ante la falta de cobertura de responsabilidad y, de forma habitual, en el sufrimiento de daños irreparables que pueden ser materiales, personales, físicos y psíquicos. Una realidad que se vive de forma cotidiana y que ha sido una de las principales conclusiones de la jornada.
Durante la jornada, moderada por la secretaria de UPdV, Angélica Gómez, cuatro ponentes de distintos sectores – salud, ingeniería, empresa y servicios jurídicos – explicaron, con ejemplos prácticos, la casuística que sufre la población en general cuando decide contratar servicios con ‘pseudoprofesionales’ sin colegiación profesional. En muchos casos no se consiguen los resultados esperados, existe perjuicio económico y, en el caso de la salud, se corre el riesgo de sufrir secuelas físicas y psíquicas graves que derivan en dolencias crónicas. Consecuencias que suelen finalizar malogrando un proyecto o inversión y que dejan desprotegidos a quienes contratan, puesto que deben asumir desde una mala praxis, hasta la inseguridad más absoluta tras quedar fuera de la cobertura jurídica.
Pasividad e indiferencia de la Administración pública
Los expertos coincidieron en señalar la pasividad e indiferencia que muestra la Administración pública a la hora de exigir la colegiación. A pesar de los graves problemas que acarrea esta coyuntura, porque en muchos casos son la propia Generalitat Valenciana o las administraciones provinciales o municipales, desde sus diferentes parcelas, las que contratan directamente a los profesionales sin comprobar que disponen de la colegiación y por ende, si carecen de las garantías profesionales y legales correspondientes.
Concluyendo también que la Administración, en todas sus variantes, debería velar por la profesionalidad y por las garantías jurídicas que establece la colegiación. Unas garantías que se materializan en el propio seguro de responsabilidad civil y que desprotegen a la población cuando no se exigen. Por ello, instaron a una mayor colaboración y a establecer sanciones efectivas ante casos como la suplantación de identidad. De hecho, durante la jornada se abogó por una regulación legal de la colegiación, especialmente en los casos en los que sea obligatoria para ocupar ciertos empleos, como ocurre en el ámbito de la salud.
Por ello, ante el aumento de casos de intrusismo, los expertos recordaron que contratar a un profesional colegiado garantiza la excelencia y la ética en su desempeño. Además, subrayaron la función de los colegios profesionales como garantes rigurosos de los códigos de conducta que sus miembros deben seguir para asegurar la calidad de los servicios prestados, defender la excelencia y velar por los intereses de la ciudadanía.
Sanciones irrisorias en contraste con el grave peligro de ejercer sin título
Desde Unión Profesional de Valencia (UPdV) —asociación que aglutina a más de 40 entidades profesionales de diferentes colectivos— se ha clamado contra las condenas que se impone al que ejerce sin título, ya que conlleva una sanción irrisoria y que contrasta con el grave peligro que supone.
Verónica Galindo, directora del CEMEI, ha destacado que no contratar a colegiados supone una absoluta inseguridad para usuario final y ha considerado “utópico erradicar al 100% la mala praxis, pero la sociedad demanda una garantía que sólo tiene el camino de la colegiación”.
En su argumento, Verónica Galindo ha advertido de que UPdV y los colegios profesionales tienen pendiente hacer partícipe a la sociedad del peligro que se corre si no se comprueba en el portal de transparencia la habilitación del profesional. “Hay casos específicos de mala praxis, como la apropiación indebida de fondos de una comunidad de propietarios que acaba en fiscalía o no facilitar la documentación necesaria cuando una comunidad de propietarios cambia de administrador. El colegio puede dar una solución si el profesional está colegiado porque lo importante son los resultados, y la sanción pasa a un segundo plano”.
La Ley Ómnibus acabó con la obligatoriedad del visado
Juan Luis Valls, director técnico de Integra Ingeniería, ha recordado que en el sector de la ingeniería se tenía la seguridad de que todos los proyectos estaban visados por un colegio y eso daba cierta garantía. “Esto ha cambiado con la publicación de la Ley Ómnibus, que intenta introducir mayor competencia en el mercado y que las actividades no estén restringidas a determinados colectivos por lo que el visado deja de ser obligatorio”.
Por su parte, José Vicente Ferrer, abogado y profesor de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, ha resaltado el vacío legal que hay, “ya que la potestad disciplinaria solo afecta al colegiado. La Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana aprobó por unanimidad en les Corts Valencianes la colegiación de oficio en beneficio de la ciudadanía, una manera de reforzar la obligatoriedad de la colegiación. Esta ley consigue una reprensión con sanción al no colegiado y a la empresa que lo contrata”.
Angélica Gómez ha ilustrado el caso de los profesionales de ingeniería y arquitectura “porque la situación empeora con la urgencia del cliente y el agravio económico. Pero con la salvaguarda del colegio, como responsable subsidiario de todo lo que visa, añadido al seguro de responsabilidad civil, se pueden resolver muchos problemas”.
Por último, Fernando Catalán, psicólogo y socio fundador en Desarrollo y Personas Consultores S.L. ha explicado que los colegiados “somos los terapeutas del estado de bienestar social”. La diferencia radica en el diagnóstico acertado del profesional colegiado. “Ofrecemos la mejor atención sin expectativas falsas. Y el colegio es el nexo de intereses comunes, de conocimiento y autocontrol”.
La jornada contó con la asistencia de algunas personalidades en el contexto de la relevancia e impacto de la colegiación profesional en la sociedad valenciana. Entre ellas, se contó con Eduardo Luis Ruiz Navarro, secretario autonómico de Justicia. Julia Martínez Candado, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Y Julián Tío Barraca, jefe del Gabinete de Información de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU).
